EL COMERCIO 07-05-08 Greenpeace señala que el Gobierno prevé ubicar en 16 municipios de Asturias depósitos de C02

La organización ecologista asegura que es una "estafa" el apoyo del Gobierno a esta tecnología, y que lo hace para no "desagradar" a las grandes empresas del carbón

EFE MADRID
Greenpeace ha denunciado hoy que el impulso del Gobierno a la captura y almacenamiento de carbono para luchar contra el cambio climático es una "estafa", al tratarse de una tecnología aún no disponible, cara, que despilfarra energía y entraña riesgos. La organización ecologista asegura que en Asturias son candidatos a servir de almacenamiento de dióxido de carbono los municipios de Avilés, Belmonte de Miranda, Cangas de Onis, Gijón, Grado, La Felguera, Langreo, Mieres, Mieres del Camino, Nava, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Salas, Tineo y, Villaviciosa.
Esta organización ecologista ha presentado hoy el informe "Falsas esperanzas: por qué la captura y almacenamiento de carbono no salvará el clima", que denuncia "esos lavados de cara" en la lucha contra el cambio climático, una postura que comparten más de 100 organizaciones de más de 21 países, que han firmado una declaración en la que piden que no se construyan más centrales térmicas.
Según Greenpeace, el desarrollo de la tecnología que pretende capturar el CO2 procedente de las centrales térmicas y almacenarlo en depósitos subterráneos, terrestres o marinos, está promovido por el sector del carbón, "que en España tiene un nombre, que es Endesa", para "continuar quemando carbón como hasta ahora".
Así lo ha manifestado su director ejecutivo, Juan López de Uralde, quien ha alertado de que "no hay soluciones mágicas" ni "atajos posibles" contra el calentamiento global, más allá de la eficiencia y el ahorro energético y el impulso a las energías renovables.
Greenpeace considera que el Gobierno apoya esta tecnología porque no quiere "desagradar" a las grandes empresas del carbón y denuncia que haya seleccionado ya once posibles emplazamientos para depositar el CO2, algunos cercanos a lugares tan "emblemáticos" como las Lagunas de Ruidera o las costas frente a Doñana.
Se trata de reservas de territorio, de entre 500 y 900 kilómetros cuadrados, para su posterior estudio, ubicados en las comunidades de Asturias , Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía.
En el caso del Principado, según Greenpeeace, son posibles candidatos a servir de almacenamiento de dióxido de carbono los municipios de Avilés, Belmonte de Miranda, Cangas de Onis, Gijón, Grado, La Felguera, Langreo, Mieres, Mieres del Camino, Nava, Oviedo, Pravia, Ribadesella, Salas, Tineo y, Villaviciosa.
Raquel Montón, responsable del informe junto a José Luis García, ha explicado que el proceso consta de tres fases, la primera de ellas, la captura, que puede ser previa, media o posterior a la combustión, y que ninguna central del mundo tiene aun instalada.
Una vez capturado el CO2 hay que transportarlo a través de gasoductos y, posteriormente, almacenarlo de forma temporal o permanente en emplazamientos terrestres o marinos.
Montón ha explicado que sólo existe un proyecto piloto en Noruega, que está inyectando una tonelada métrica al año en un pozo salino, una cantidad muy pequeña respecto a lo que supondría un almacenamiento a nivel mundial.
Ha asegurado que esta tecnología no va a llegar a tiempo, ya que no se prevé que esté disponible antes de 2030 y las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que empezar a reducirse en 2015.
Además, este método "despilfarra" energía, ya que utiliza entre el 10 y el 40% de la producida por una central térmica y consume un 90% de agua.
El informe pone de relieve que es una tecnología cara y que entraña peligros para los ecosistemas y los seres humanos, ya que el riesgo de fugas, en el mejor de los casos, sería del 1 por ciento.