EL COMERCIO 16-10-08 Los Verdes denuncian cinco planes para construir polígonos en zonas inundables
Aseguran que «todos tienen apoyo municipal y ponen en riesgo a la gente» El Principado admite que los cambios de ley «han retrasado» su plan contra riadas
Zona en la que está previsto un nuevo polígono. / PARDO
Zona en la que está previsto un nuevo polígono. / PARDO
R. MUÑIZ GIJÓN / OVIEDO
Salas, Oviedo, Pola de Laviana, Campo de Caso y Morcín. Todos estos municipios tienen algo en común: alcaldes que, para atraer empleo y riqueza, impulsan polígonos industriales en tierras que un día serán inundadas. Continúan así una política que en las últimas décadas consintió que 4.000 edificios asturianos se levantarán en las áreas que invaden los ríos en momentos de crecida. Así lo recoge una denuncia de Los Verdes de Asturias.
«Todos son proyectos que ponen en peligro a cientos de asturianos y que, encima, cuentan con respaldo municipal», abunda Joaquín Arce, representante del grupo ecologista con una lista donde «hay que lamentar que la ampliación de Olloniego ya está en marcha». Los Verdes animan a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) a que «resista la presión de los especuladores, sindicatos y alcaldes, y se oponga a los proyectos y obras, porque sólo así protegerá a los asturianos».
El plan que más preocupa a los ecologistas tiene a la vega de La Rodriga como objetivo. En esta llanura de Cornellana (Salas), la empresa Promogrado proyecta un área industrial de 166.000 metros cuadrados que ya tiene a 50 empresas interesadas. Durante siglos, y hasta su reciente recalificación, los terrenos fueron agrícolas, lo que permitía un suelo de fácil filtrado y una vegetación que amortiguase de forma natural las avenidas.
«Ahora, cuando venga una riada, las aguas no tendrán por dónde expandirse», apunta Arce. «De esta manera, el proyecto de naves y hormigón que se busca para Cornellana lo que logrará es que en una inundación el agua pase más deprisa y llegue con más potencia al siguiente núcleo, que es Pravia», auguran Los Verdes.
Morcín es otro de los concejos que los ecologistas cuestionan por partida doble. Según Los Verdes, el proyecto para crear ahora un nuevo área industrial en el Valle de Cardeo -en el límite con Mieres- empeoraría la situación provocada por el de Argame, ya en funcionamiento. Éste último se edificó elevándolo de forma artificial de la vega de inundación. «Así salvan las naves, pero dejan al pueblo más vulnerable», juzga Arce.
En el concejo minero, el alcalde Jesús Barbao reivindica que el polígono de Argame «salió cumpliendo con todas las leyes que entonces había». El primer edil subraya la buena acogida que ha tenido entre los emprendedores, «que ahora van a abrir hasta una guardería», pero admite que «con la legislación que hay hoy en día, seguro que no habríamos podido hacerlo tan grande».
Empleo en superficie
Barbao respeta el endurecimiento de normas que buscan mitigar los daños de las inundaciones, pero opone otros intereses. «A los alcaldes nos piden que hagamos esfuerzos por fijar la población y eso exige dar empleo; antes el trabajo estaba bajo tierra, con 1.300 mineros que no ocupaban superficie, pero la reconversión sacó del subsuelo a la mayoría», recuerda. Ahora a todos ellos «hay que buscarles puestos sobre una tierra, ésta, que es todo valles, montañas y ríos; es muy difícil encontrar parcelas que puedan ser industriales, pero tenemos derecho a intentarlo, a quedarnos donde nacimos», reivindica un alcalde que en el pasado fue minero.
Por otra parte, el Principado admitió ayer «retrasos» dentro del plan que para proteger a la población frente a las inundaciones. «Teníamos un sistema de información de zonas inundables que identificaba las zonas de riesgo, pero estamos reelaborándolo para adaptarlo a los últimos cambios de legislación», explicó en la Junta General del Principado Ana Rivas, directora general de Seguridad Pública. Su departamento trabaja en coordinación con la CHC para elaborar una cartografía de zonas peligrosas que colgarán en internet «para que los ciudadanos sepan a qué se exponen», explicó Jorge Marquínez, presidente de la CHC.
Salas, Oviedo, Pola de Laviana, Campo de Caso y Morcín. Todos estos municipios tienen algo en común: alcaldes que, para atraer empleo y riqueza, impulsan polígonos industriales en tierras que un día serán inundadas. Continúan así una política que en las últimas décadas consintió que 4.000 edificios asturianos se levantarán en las áreas que invaden los ríos en momentos de crecida. Así lo recoge una denuncia de Los Verdes de Asturias.
«Todos son proyectos que ponen en peligro a cientos de asturianos y que, encima, cuentan con respaldo municipal», abunda Joaquín Arce, representante del grupo ecologista con una lista donde «hay que lamentar que la ampliación de Olloniego ya está en marcha». Los Verdes animan a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) a que «resista la presión de los especuladores, sindicatos y alcaldes, y se oponga a los proyectos y obras, porque sólo así protegerá a los asturianos».
El plan que más preocupa a los ecologistas tiene a la vega de La Rodriga como objetivo. En esta llanura de Cornellana (Salas), la empresa Promogrado proyecta un área industrial de 166.000 metros cuadrados que ya tiene a 50 empresas interesadas. Durante siglos, y hasta su reciente recalificación, los terrenos fueron agrícolas, lo que permitía un suelo de fácil filtrado y una vegetación que amortiguase de forma natural las avenidas.
«Ahora, cuando venga una riada, las aguas no tendrán por dónde expandirse», apunta Arce. «De esta manera, el proyecto de naves y hormigón que se busca para Cornellana lo que logrará es que en una inundación el agua pase más deprisa y llegue con más potencia al siguiente núcleo, que es Pravia», auguran Los Verdes.
Morcín es otro de los concejos que los ecologistas cuestionan por partida doble. Según Los Verdes, el proyecto para crear ahora un nuevo área industrial en el Valle de Cardeo -en el límite con Mieres- empeoraría la situación provocada por el de Argame, ya en funcionamiento. Éste último se edificó elevándolo de forma artificial de la vega de inundación. «Así salvan las naves, pero dejan al pueblo más vulnerable», juzga Arce.
En el concejo minero, el alcalde Jesús Barbao reivindica que el polígono de Argame «salió cumpliendo con todas las leyes que entonces había». El primer edil subraya la buena acogida que ha tenido entre los emprendedores, «que ahora van a abrir hasta una guardería», pero admite que «con la legislación que hay hoy en día, seguro que no habríamos podido hacerlo tan grande».
Empleo en superficie
Barbao respeta el endurecimiento de normas que buscan mitigar los daños de las inundaciones, pero opone otros intereses. «A los alcaldes nos piden que hagamos esfuerzos por fijar la población y eso exige dar empleo; antes el trabajo estaba bajo tierra, con 1.300 mineros que no ocupaban superficie, pero la reconversión sacó del subsuelo a la mayoría», recuerda. Ahora a todos ellos «hay que buscarles puestos sobre una tierra, ésta, que es todo valles, montañas y ríos; es muy difícil encontrar parcelas que puedan ser industriales, pero tenemos derecho a intentarlo, a quedarnos donde nacimos», reivindica un alcalde que en el pasado fue minero.
Por otra parte, el Principado admitió ayer «retrasos» dentro del plan que para proteger a la población frente a las inundaciones. «Teníamos un sistema de información de zonas inundables que identificaba las zonas de riesgo, pero estamos reelaborándolo para adaptarlo a los últimos cambios de legislación», explicó en la Junta General del Principado Ana Rivas, directora general de Seguridad Pública. Su departamento trabaja en coordinación con la CHC para elaborar una cartografía de zonas peligrosas que colgarán en internet «para que los ciudadanos sepan a qué se exponen», explicó Jorge Marquínez, presidente de la CHC.