EL COMERCIO 12-03-13 «Salas puede tener serias dificultades para asumir sus obligaciones»
Los populares, a la entrada de la Delegación del Gobierno. :: ÁLEX PIÑA
El PP formaliza una denuncia ante
el Tribunal de Cuentas para clarificar la situación económica del
concejo, cuya deuda ronda los 10 millones
El portavoz del PP de Salas, Alberto Díaz Miranda,
denunció ayer ante el Tribunal de Cuentas la situación económica del
Ayuntamiento, cuya deuda ronda los 10 millones de euros. El edil señaló
que esta cifra es «inasumible» para un concejo con «escasa capacidad
para generar ingresos» y advirtió de que «si no se toman medidas
drásticas, el Ayuntamiento, a corto plazo, puede verse en serias
dificultades para asumir sus obligaciones cotidianas».
La denuncia remitida al Tribunal de Cuentas se basa en unos
informes de la Intervención municipal relativos a las cuentas generales
de 2009 y 2010, «que se hacen eco de un cúmulo de presuntas
irregularidades en materia presupuestaria, contable, de tesorería y
contratación». En concreto, Díaz Miranda habló de la emisión de facturas
sin consignación presupuestaria por valor de tres millones de euros,
del reflejo de cinco millones en derechos pendientes de cobro «aunque
sólo 323.945 euros cumplen los requisitos para ser recogidos como
derechos pendientes», o de la existencia de una cuenta bancaria en la
Caja de Ahorros del Mediterráneo que no constaba en la contabilidad
municipal y que llegó a tener un saldo de más de 249.000 euros «aunque
hoy sólo es de 374 euros».
Ante esta situación «no es posible adoptar otra medida que
no sea la de esta denuncia ante el Tribunal de Cuentas», expuso el
diputado regional del PP, Matías Rodríguez Feito, que acompañó al edil
hasta el Registro de la Delegación del Gobierno junto a la portavoz de
Hacienda del partido, Emma Ramos.
Los dos parlamentarios insistieron en que es necesario
clarificar el estado de las cuentas del Ayuntamiento de Salas y que la
única vía es la intervención del máximo órgano fiscalizador: «La
ausencia de las cuentas generales en la Sindicatura nos obliga a dar
este paso, porque la Sindicatura no puede actuar», explicó Ramos, que
recalcó que esta medida «no es una ocurrencia del PP», sino una
actuación sustentada en los informes del interventor municipal, que
también puso de relieve la ausencia de una Relación de Puestos de
Trabajo y la falta de un inventario en el que se relacionen los bienes
patrimoniales del Ayuntamiento.