LA NUEVA ESPAÑA 17-05-12 El PP de Salas critica los 2,1 millones de intereses del plan de ajuste
Salas, L. VALDÉS
El concejal del PP de Salas Alberto Díaz Miranda criticó ayer el elevado coste del plan de ajuste aprobado en el Pleno por unanimidad y que generará 2,1 millones de intereses. Díaz Miranda se queja de que el origen de tan alto desembolso sean «las 5.336 facturas olvidadas en los cajones» que no se pagaron durante los últimos años.
«El alcalde, Sergio Hidalgo, confirmó que los 5,4 millones de euros que se deben a proveedores se financiarán con 10 entidades financieras a 10 años con dos de carencia y 6% de interés. Por tanto, la financiación podrá ascender a 2,1 millones y la cuota mensual constante durante los 10 años de amortización e intereses será de unos 70.000 euros, lo que mermará el gasto para los servicios municipales», afirma el edil popular.
Esta cantidad, según el PP, es el gasto « equivalente a la nómina y seguros de una plantilla de 30 trabajadores, todos los meses, durante 11 años, pero que no irá a personas, sino a los bancos». Una situación que atribuye a la «irresponsabilidad de los políticos».
El concejal del PP de Salas Alberto Díaz Miranda criticó ayer el elevado coste del plan de ajuste aprobado en el Pleno por unanimidad y que generará 2,1 millones de intereses. Díaz Miranda se queja de que el origen de tan alto desembolso sean «las 5.336 facturas olvidadas en los cajones» que no se pagaron durante los últimos años.
«El alcalde, Sergio Hidalgo, confirmó que los 5,4 millones de euros que se deben a proveedores se financiarán con 10 entidades financieras a 10 años con dos de carencia y 6% de interés. Por tanto, la financiación podrá ascender a 2,1 millones y la cuota mensual constante durante los 10 años de amortización e intereses será de unos 70.000 euros, lo que mermará el gasto para los servicios municipales», afirma el edil popular.
Esta cantidad, según el PP, es el gasto « equivalente a la nómina y seguros de una plantilla de 30 trabajadores, todos los meses, durante 11 años, pero que no irá a personas, sino a los bancos». Una situación que atribuye a la «irresponsabilidad de los políticos».